Ciudad de México.- La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, respaldó la solicitud presentada por organizaciones civiles y la Alianza Mexicana de Abogados para que el Senado de la República analice la posible desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que la entidad enfrenta una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes.
La legisladora señaló que, tras 631 días y casi 21 meses de violencia en el estado, miles de sinaloenses continúan enfrentando condiciones de inseguridad que afectan su vida cotidiana, la actividad económica y el desarrollo social.
De acuerdo con las cifras expuestas durante la presentación de la solicitud, en Sinaloa se han registrado 2 mil 815 homicidios, 3 mil 878 personas desaparecidas, de las cuales más del 70 por ciento permanecen sin ser localizadas; además de 108 niñas, niños y adolescentes asesinados y 333 menores reportados como desaparecidos.
También se reportaron 10 mil 809 vehículos robados, 3 mil 817 negocios asaltados, una caída del 35 por ciento en la economía estatal, la pérdida de 38 mil empleos y el cierre de casi 7 mil empresas.
Por su parte, el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, aseguró que Sinaloa atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente debido a la violencia, la cual ha impactado diversos sectores productivos y provocado desplazamientos de población.
Beltrán Verduzco informó que organizaciones ciudadanas presentaron formalmente la solicitud de desaparición de poderes al considerar que las instituciones estatales enfrentan un severo cuestionamiento por parte de distintos sectores de la sociedad.
Asimismo, representantes de la sociedad civil dieron a conocer que acudieron a la Fiscalía General de la República para dar seguimiento a denuncias previamente presentadas contra exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa, además de solicitar investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Los promoventes señalaron que la petición cuenta con el respaldo de organizaciones civiles, empresarios y ciudadanos que buscan que se analicen las condiciones de gobernabilidad en la entidad y se implementen las acciones legales correspondientes.
