Antonio Menéndez del Llano detalló que al asumir funciones el 2 de mayo pasado, su administración solicitó una revisión general de todas las áreas debido a que no se realizó una entrega-recepción formal.
Los Mochis, Sinaloa.- El presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, aclaró que la nueva denuncia que involucra al exalcalde Gerardo Vargas Landeros no fue promovida directamente por el Ayuntamiento, sino que es resultado de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) al ejercicio fiscal 2021.
Menéndez explicó que, en febrero de 2025, la administración municipal solicitó a la ASE información sobre una de las observaciones detectadas en aquella revisión, lo que derivó en una serie de respuestas y documentos que quedaron en manos de las autoridades fiscalizadoras.
“no hay una denuncia como tal, lo que existe es una, te cuento, hubo una auditoría sobre el año 2021 y hubo algunas observaciones como nosotros no tuvimos en sí una entrega de recepción, pues se solicitó una revisión general de todas las áreas para que hicieran las veces de entrega de recepción y pues por ahí también está ese dato, pero no es una querella prácticamente, pero no es algo propio, sino es el resultado de una auditoría que se hizo en el pasado”, expresó
Menéndez del Llano detalló que al asumir funciones el 2 de mayo pasado, su administración solicitó una revisión general de todas las áreas debido a que no se realizó una entrega-recepción formal. En ese proceso se detectaron observaciones pendientes de solventar, algunas de las cuales ya se encuentran en vías de ser aclaradas con documentación.
“el 12, mediados de febrero del año 2025 desde el municipio se envía un documento de solicitud a la Auditoría Superior pidiéndole informes sobre una observación en particular, la auditoría después de esa fecha contesta y dice algunas cosas que no podemos mencionar porque pues sería interrumpir el proceso”, explicó
El presidente municipal sostuvo que las observaciones de la ASE forman parte de los procesos ordinarios de fiscalización a los que son sometidas todas las dependencias públicas, y que corresponde a las instancias jurídicas y de control determinar si existe o no responsabilidad administrativa o penal de los funcionarios involucrados.
“En todo lo que tenemos documentación se está trabajando para solventar, y en aquello que no podemos intervenir corresponde a la autoridad que conoce del asunto”, puntualizó.
