La coordinadora de la bancada priista, Irma Moreno Ovalles, sostuvo que la licencia del gobernador no cierra la crisis institucional y confirmó el voto en contra del dictamen relacionado con la nueva titularidad del Ejecutivo estatal.
Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa anunció que se sumará a la denuncia presentada por un grupo de ciudadanos para solicitar el inicio de un juicio político contra Rubén Rocha Moya, al considerar que su nueva licencia no extingue las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de su gestión.
La coordinadora de la bancada priista, Irma Moreno Ovalles, confirmó además el voto en contra del dictamen relacionado con la designación de quien asumirá la gubernatura, al sostener que el relevo en el Ejecutivo estatal no resuelve por sí mismo la crisis institucional que enfrenta Sinaloa.
La legisladora cuestionó que Rocha Moya se reincorporara al cargo después de 112 días de licencia y posteriormente volviera a solicitar separarse de la gubernatura.
“No podemos aceptar que el nombramiento de un nuevo gobierno se convierta en un borrón y cuenta nueva”, afirmó.
Moreno Ovalles explicó que una de las razones del voto priista es que la actual separación de Rocha Moya tiene carácter temporal, por lo que, desde la interpretación planteada por su grupo parlamentario, jurídicamente permanece abierta la posibilidad de una eventual reincorporación.
También señaló que continúan pendientes investigaciones y respuestas sobre los hechos que han rodeado la crisis política en Sinaloa, por lo que pidió a la Fiscalía General de la República llevar los procedimientos hasta sus últimas consecuencias, con respeto al debido proceso.
En ese contexto, confirmó que los diputados del PRI respaldarán la petición ciudadana para iniciar un procedimiento de juicio político contra Rocha Moya.
“No estamos pidiendo una condena anticipada. Estamos pidiendo que se abra el procedimiento institucional que permita determinar las responsabilidades políticas que correspondan”, señaló.
La coordinadora priista puntualizó que un eventual juicio político es independiente de cualquier investigación o responsabilidad penal, al tratarse de procedimientos distintos.
Moreno Ovalles aclaró que votar en contra del dictamen no significa que el PRI pretenda obstaculizar a quien asuma la conducción del Gobierno del Estado y aseguró que su bancada mantendrá disposición para respaldar decisiones que beneficien a Sinaloa.
Sin embargo, advirtió que esa colaboración institucional no representará un respaldo político automático y que el nuevo gobierno deberá ganarse la confianza con resultados en seguridad, economía y gobernabilidad.
“Seguiremos siendo oposición. Seguiremos señalando lo que esté mal, exigiendo resultados y levantando la voz frente a cualquier abuso, omisión o intento de utilizar el gobierno para proteger intereses políticos”, manifestó.
La diputada sostuvo que el nuevo Ejecutivo deberá concentrarse en recuperar la paz, atender la crisis económica y garantizar que la transición no sea utilizada para proteger intereses de la administración anterior ni para preparar el proceso electoral de 2027.
Finalmente, el PRI planteó que la nueva etapa del Gobierno de Sinaloa debe iniciar con certeza jurídica, rendición de cuentas y funcionamiento pleno de las instituciones.
