El juez autorizó seis meses para ampliar la investigación sobre la contratación de Extratimex; la Fiscalía y la defensa mantienen posiciones distintas sobre el monto que debía considerarse para adjudicar el servicio.
Culiacán, Sinaloa.- El proceso penal por la contratación de una empresa para recuperar adeudos del impuesto predial en Ahome continuará contra el exalcalde Gerardo Vargas Landeros y siete exservidores públicos que formaron parte del Comité de Adquisiciones.
Un juez de control resolvió vincularlos a proceso al considerar que los datos presentados permiten profundizar las investigaciones por su probable responsabilidad en los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
La causa se originó por la adjudicación directa de un contrato a Extratimex, despacho encargado de cobrar una cartera vencida estimada en 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos.
Como pago por sus servicios, la empresa recibiría el 35 por ciento de las cantidades recuperadas. La Fiscalía calculó que la comisión podría haber alcanzado alrededor de 937 millones de pesos si se cobraba la totalidad de los adeudos y, debido a esa proyección, sostuvo que el contrato debió licitarse.
Los abogados de los imputados rechazaron ese cálculo. Argumentaron que Extratimex solamente recibió un millón 522 mil 399 pesos durante la vigencia del acuerdo, cantidad que, de acuerdo con su interpretación, se encontraba dentro del límite permitido para realizar una adjudicación directa.
La defensa también negó que el contrato hubiera provocado un daño patrimonial por los 937 millones de pesos señalados, debido a que esa cantidad nunca fue entregada al despacho.
El Ministerio Público respondió que la legalidad del procedimiento debía analizarse a partir del valor proyectado y la duración total del contrato, no únicamente de los pagos realizados.
Después de escuchar ambas posturas, el juez determinó que existen elementos para continuar con la causa penal y otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Como medidas cautelares, los imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares. Además, se ordenó la separación temporal de sus cargos de la regidora Judith Luna Castro y de la síndica Cecilia Hernández.
La vinculación a proceso no representa una sentencia ni determina la culpabilidad de las personas señaladas; su responsabilidad deberá resolverse durante las siguientes etapas del procedimiento judicial.
