El exalcalde sostuvo que la Fiscalía convirtió una cifra hipotética en una acusación penal y anunció que combatirá la resolución por la vía legal.
Los Mochis, Sinaloa.- Gerardo Vargas Landeros calificó como “persecución” y “violencia política” la nueva vinculación a proceso dictada en su contra por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa para recuperar adeudos del impuesto predial durante su administración en Ahome.
El exalcalde aseguró que continuará impugnando la resolución mediante los recursos legales disponibles. Aunque dijo respetar la determinación del juez, dejó claro que no comparte los argumentos utilizados para mantener abierta la investigación.
“La vinculación no es una sentencia ni demuestra culpabilidad. El proceso continúa, al igual que también continúa mi defensa”, manifestó.
Vargas Landeros cuestionó que la Fiscalía tomara como referencia el monto que Extratimex habría recibido si lograba recuperar la totalidad de la cartera vencida. Según la acusación, la comisión potencial para la empresa podía alcanzar aproximadamente 937 millones de pesos.
El exfuncionario afirmó que ese escenario nunca se concretó y sostuvo que al despacho únicamente se le pagaron alrededor de 1.5 millones de pesos, calculados sobre los recursos efectivamente cobrados.
“Se pretende presentar como real un escenario que nunca ocurrió. Una cifra hipotética no puede convertirse en un delito real”, expresó.
También señaló que la controversia debía resolverse en el ámbito administrativo y no mediante un procedimiento penal. Argumentó que una observación sobre la contratación pública no constituye, por sí sola, una prueba de responsabilidad.
Vargas Landeros relacionó esta causa con otros expedientes abiertos en su contra y afirmó que todos siguen un patrón similar: decisiones tomadas durante su gestión que posteriormente fueron convertidas en investigaciones penales.
“Esto tiene un nombre: persecución y violencia política. Son decisiones administrativas convertidas en causas penales, cifras magnificadas y una misma persona como objetivo”, sostuvo.
El exalcalde aseguró que no busca confrontarse con las instituciones, pero exigirá que las autoridades actúen con independencia, equilibrio y apego al derecho.
Finalmente, afirmó que permanecerá en Sinaloa y continuará su defensa durante los seis meses fijados para la investigación complementaria. Su responsabilidad legal todavía no ha sido determinada y deberá resolverse en las siguientes etapas del proceso.
