Las modificaciones establecen nuevos criterios de inclusión, perspectiva de género y atención prioritaria para grupos en situación de vulnerabilidad, además de fortalecer la coordinación entre el Estado y los municipios en materia de política de vivienda.
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Vivienda del Estado con el objetivo de fortalecer el acceso a una vivienda adecuada para personas en situación de vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género, la no discriminación y nuevos mecanismos de inclusión en las políticas públicas del sector.
Las modificaciones contemplan reformas y adiciones a diversos artículos de la legislación vigente para priorizar la atención de mujeres, especialmente jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Entre los principales cambios destaca la incorporación del principio de que la vivienda constituye un área prioritaria para el desarrollo económico, social y cultural del estado, por lo que el Ejecutivo deberá impulsar acciones en coordinación con los sectores público, social y privado para garantizar este derecho.
La reforma también incorpora por primera vez el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, definiéndolos como personas con discapacidad, jefas de familia de bajos ingresos, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas adultas mayores.
Asimismo, se fortalecen los lineamientos de la política estatal de vivienda para promover la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, impulsar la participación de comunidades ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, y garantizar que los programas de vivienda se orienten con base en indicadores oficiales de rezago social.
Uno de los aspectos centrales de la reforma es la creación del artículo 54 Bis, que establece la obligación del Estado de implementar mecanismos y acciones que garanticen el acceso a una vivienda digna, adecuada y decorosa para mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y, de manera particular, jefas de familia, bajo un enfoque de equidad y perspectiva de género.
Además, la reforma incorpora los principios de no discriminación y perspectiva de género en la aplicación de la ley y amplía las atribuciones de la Comisión de Vivienda para desarrollar programas de financiamiento dirigidos prioritariamente a sectores vulnerables.
También se modifican los criterios de la política estatal de vivienda para ampliar las oportunidades de acceso a personas en condiciones de pobreza, marginación o vulnerabilidad, incluyendo a madres solteras, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios y comunidades afromexicanas.
Con estas modificaciones, el Congreso busca fortalecer el marco jurídico en materia de vivienda, orientando las políticas públicas hacia un modelo con mayor inclusión, equidad y protección de los derechos humanos.
