En el Congreso del Estado de Sinaloa, diputadas y diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma y adiciona diversas leyes estatales con el objetivo de fortalecer los mecanismos de prevención, sanción y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La aprobación se dio en reunión de las Comisiones Unidas de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes; Justicia; Puntos Constitucionales y Gobernación; e Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión, donde se destacó que el objetivo central es garantizar el interés superior de la niñez y adolescencia en la entidad.
Entre las principales modificaciones se establece que las personas inscritas como deudores alimentarios morosos no podrán acceder a candidaturas de elección popular, ocupar ciertos cargos públicos o realizar trámites oficiales sin presentar el certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
La reunión fue presidida por la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien encabezó la revisión del dictamen y solicitó la exposición de los alcances de la propuesta.
El documento contempla reformas al Código Penal, Código Familiar, Ley de Gobierno Municipal, Ley del Notariado, Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otras disposiciones relacionadas con el registro nacional.
Asimismo, se establece que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberá concentrar, actualizar y suministrar información sobre el incumplimiento de obligaciones alimentarias, fortaleciendo así la operación del registro.
El dictamen también endurece las sanciones para quienes incumplan con el pago de pensiones alimenticias o intenten evadir esta responsabilidad mediante simulación de insolvencia.
Durante la discusión, el diputado Jorge Antonio González Flores propuso incorporar lenguaje incluyente en el artículo 223 del dictamen, sugiriendo la redacción “el juez o la jueza de lo familiar”, en concordancia con reformas recientes.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en comisiones y continuará su proceso legislativo para su análisis y eventual discusión en el Pleno del Congreso del Estado.
