La presidenta de La Republica afirmó que cualquier señalamiento contra ciudadanos mexicanos deberá sustentarse con pruebas y resolverse conforme a la ley
Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que cualquier acusación contra ciudadanos mexicanos por parte de autoridades de Estados Unidos deberá resolverse conforme a la legislación nacional, con base en pruebas y bajo el principio de defensa de la soberanía.
En un posicionamiento público, la mandataria informó que el pasado 28 de abril por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición para diez ciudadanos mexicanos, las cuales fueron turnadas un día después a la Fiscalía General de la República (FGR) para su evaluación conforme al marco jurídico vigente.
Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, hizo pública una acusación contra diez personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán.
Ante ello, Sheinbaum Pardo señaló que la difusión de estos documentos genera un extrañamiento, al tratarse de procesos que, de acuerdo con los tratados internacionales, deben manejarse bajo confidencialidad.
La presidenta subrayó que será la FGR la instancia encargada de analizar la documentación recibida y determinar si existen elementos probatorios suficientes para proceder legalmente.
“Si hay pruebas contundentes, se actuará conforme a derecho; no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”, expresó.
No obstante, advirtió que en caso de no existir evidencia sólida, las acusaciones podrían tener un trasfondo político.
Asimismo, enfatizó que su gobierno no permitirá la injerencia de autoridades extranjeras en asuntos que corresponden exclusivamente a México.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión de un gobierno extranjero en decisiones que competen al pueblo de México”, sostuvo.
La mandataria reiteró que su postura se basa en los principios de verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional.
El caso continúa en análisis por parte de las autoridades mexicanas.
