Ciudad de México.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este miércoles sobre la presentación de una acusación formal ante una corte federal en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve actuales y exfuncionarios del estado, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
De acuerdo con autoridades federales estadounidenses y la Administración para el Control de Drogas (DEA), los señalados habrían mantenido colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense, a cambio de beneficios económicos, respaldo político y protección institucional.
En la acusación también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”; Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”. Según la investigación, algunos de ellos habrían utilizado sus cargos públicos para favorecer operaciones ilícitas en la entidad.
Los cargos incluyen conspiración para introducir narcóticos a Estados Unidos, así como posesión y conspiración para el uso de armamento de alto poder. En caso de ser declarados culpables, los implicados podrían enfrentar penas que van desde los 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
Además, en el caso de Juan Valenzuela Millán, se le imputan delitos adicionales vinculados con secuestros que derivaron en homicidios, entre ellos el de una fuente de la DEA y un familiar.
Este proceso representa uno de los señalamientos más relevantes realizados por autoridades estadounidenses contra un gobernador mexicano en funciones, generando repercusiones políticas tanto en Sinaloa como a nivel nacional.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso.
Por su parte, el Gobierno de México indicó que corresponderá a la Fiscalía General de la República analizar la información y, en su caso, solicitar las pruebas formales a las autoridades de Estados Unidos.
