Dan lectura a 9 iniciativas; entre propuestas, reducir gradualmente pensiones a magistrados del STJ

Congreso del Estado de Sinaloa. Nueve iniciativas de ley recibieron del Pleno la primera lectura, entre las cuales proponen expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, y reducir gradualmente las pensiones que se otorgan por retiro forzoso o voluntario a magistrados del Poder Judicial.

A todas las iniciativas se les dispensó la segunda lectura y se turnaron a las diversas Comisiones Permanentes del Congreso del Estado de Sinaloa para la elaboración de los respectivos dictámenes.
Dos de las iniciativas leídas son autoría del Grupo Parlamentario de Morena, que coordinada la diputada Graciela Domínguez Nava.

En una se propone expedir la Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sinaloa, lo cual implica la creación de dicho Centro cuya competencia en el ámbito local está prevista en los adicionados artículos 590-E y 590-F de la Ley Federal del Trabajo, y será un Organismo Público Descentralizado.

La iniciativa se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, de Justicia y de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social.

En su segunda iniciativa, el Grupo Parlamentario de Morena propone reformar los artículos 90 y 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

El objeto es reducir gradualmente el monto de las pensiones que se otorgan por retiro forzoso o voluntario a quienes han cumplido su labor como titulares de una Magistratura del Supremo Tribunal  de Justicia, siguiendo el esquema establecido para los juzgadores del ámbito federal.

Esta iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.

El diputado Jesús Ramón Monreal Cázares, de Morena, es autor de otra de las iniciativas leídas, en la que propone adicionar un segundo párrafo al artículo 2227 del Código Civil para el Estado de Sinaloa.

El párrafo propuesto es el siguiente: “Cuando el o los donantes sean personas de 65 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación, deberá incluir la cláusula de usufructo vitalicio sobre los bienes otorgados a los donatarios”.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

El diputado José Antonio Crespo López, de Morena, es autor de iniciativa que propone adicionar el Capitulo Primero “Delitos contra la Ecología” con los artículos 376 y 377 del Código Penal para el Estado de Sinaloa

Con la reforma se precisa que comete el delito de ecocidio quien provoque un daño grave al ambiente y con ello la destrucción o afectación de recursos naturales, y se impondrán de tres meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización.

Estas penas se podrán aplicar a quienes realicen cualquier actividad con materiales o residuos peligrosos que causen un daño grave al ambiente; descarguen, depositen o infiltren o lo autoricen u ordenen, aguas residuales, desechos o contaminantes en suelos, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de jurisdicción estatal que ocasionen o puedan ocasionar graves daños a los ecosistemas, entre otras faltas.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.

La diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del PAS, y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, son autores de cinco de las iniciativas leídas.

En una proponen reformar la fracción XXII Bis del artículo 43, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El objeto es establecer que el dictamen que apruebe o rechace el Congreso del Estado respecto de los informes que la Auditoría Superior haga sobre las cuentas públicas, no pueda ser vetado ni necesitará de promulgación del Gobernador del Estado.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En otra iniciativa proponen adicionar un segundo párrafo a la fracción V del artículo 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objeto de garantizar la libertad de conciencia y que nadie sea molestado por razón de sus principios, convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En otra iniciativa proponen reformar las fracciones I, IV y V del artículo 77, y se adicionan la fracción VI al artículo 77 y un segundo párrafo al artículo 80, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa.

El objeto es establecer el derecho de las mujeres embarazadas a estar acompañadas en todo momento, por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y puerperio, incluyendo el procedimiento de cesárea.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social
En otra iniciativa proponen reformar la fracción VIII del artículo 49 y la fracción I del artículo 84, de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, a fin de establecer el virus del papiloma humano como parte de las actividades permanentes de vigilancia epidemiológica, de prevención y control.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social.

En su última iniciativa propone reformar el artículo 6, de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa.

Consideran necesaria esta reforma debido a que resulta inválido que la norma local prevea que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sea supletoria de la local en esta materia, al ser aquélla la que define el contenido de esta última, siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula.

La reforma propuesta establece:
“Además de la presente Ley, son aplicables las disposiciones establecidas en la Ley General, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y de manera supletoria a lo no previsto en la presente Ley, el Código Familiar y la Ley de Atención”.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos.

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