La Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad dos dictámenes con proyecto de Decreto: uno para la creación de la Unidad de Investigación Cibernética y otro para tipificar y endurecer las sanciones por acoso sexual en el transporte público.
La sesión de trabajo fue encabezada por el presidente de la Comisión, el diputado Hólincer Castro Marañón, y contó con la participación de la diputada vocal Erika Rubí Martínez Rodríguez y del diputado secretario Ambrocio Chávez Chávez, quienes respaldaron ambos proyectos legislativos.
El primer dictamen aprobado propone adicionar los artículos 46 Bis y 46 Bis A a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, con el objetivo de crear una corporación policial especializada en la investigación de delitos cometidos a través de medios electrónicos y tecnológicos.
De acuerdo con el proyecto, la nueva Unidad de Investigación Cibernética tendrá como finalidad fortalecer la seguridad en el uso de la red pública de internet y proteger la integridad física y patrimonial de la ciudadanía. Su titular contará con el nivel de inspector general de la Policía de Investigación y dependerá directamente de la Comisaría General y de la Fiscalía General del Estado.
Durante el análisis del dictamen, el diputado Hólincer Castro Marañón subrayó que la delincuencia ha evolucionado hacia el ciberespacio, donde opera con mayor rapidez y alcance, registrándose un incremento en delitos como robo de identidad, fraude electrónico, extorsión digital, secuestro de información y explotación sexual infantil en línea, afectando principalmente a niñas, niños y adultos mayores.
El segundo dictamen aprobado contempla reformas al Código Penal del Estado en materia de acoso sexual, con énfasis en su comisión dentro del transporte público. La iniciativa adiciona un párrafo al artículo 185 Bis del Código Penal y modifica diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa.
Las reformas establecen que, cuando el delito de acoso sexual sea cometido por choferes de transporte público, además de la sanción penal correspondiente, se procederá a la cancelación definitiva de la licencia de conducir. El infractor no podrá solicitar una nueva autorización hasta por cinco años, una vez cumplida la pena privativa de libertad; en caso de reincidencia, la licencia no podrá expedirse nuevamente.
Al respecto, el presidente de la Comisión aclaró que estas medidas responden al aumento de denuncias por acoso en el transporte público y no buscan estigmatizar a las y los conductores, sino prevenir y sancionar conductas que vulneran la seguridad y dignidad de las personas usuarias.
Ambos dictámenes fueron turnados a la Secretaría General del Congreso del Estado para continuar con el proceso legislativo y deberán ser presentados ante el Pleno para su análisis, discusión y votación definitiva.
