La reforma aprobada por unanimidad establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de hasta mil 600 días, además de protocolos especializados para atender a menores víctimas de reclutamiento criminal.
Culiacán, Sinaloa.— El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Penal para tipificar como delito el reclutamiento de menores de edad para realizar actividades delictivas.
Con las modificaciones aprobadas, quienes recluten, enlisten, integren o incorporen por cualquier medio a personas menores de 18 años para participar en actividades delictivas podrán recibir una pena de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 800 a mil 600 días, independientemente de las sanciones que correspondan por otros delitos cometidos.
Las reformas también establecen una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento, mediante políticas públicas enfocadas en la prevención, rescate, rehabilitación, atención, reintegración y reparación del daño.
Como parte de los cambios a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reformó el artículo 13 y se adicionó el artículo 13 Bis.
Este último establece que las autoridades estatales y municipales deberán implementar protocolos especializados para la detección temprana, atención psicológica, reinserción social y justicia restaurativa de menores víctimas de reclutamiento.
Estos mecanismos deberán desarrollarse en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Fiscalía General del Estado.
Penas aumentarán en casos agravados
La reforma al Código Penal contempla que las penas podrán aumentar hasta en una mitad cuando el reclutamiento sea cometido bajo determinadas circunstancias.
Entre los agravantes se encuentran:
- Que el responsable tenga parentesco con la víctima o esté a cargo de su custodia, guarda o educación.
- Que se utilice violencia física o psicológica, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
- Que el delito sea cometido por una persona servidora pública.
- Que la víctima se encuentre en situación de abandono, orfandad, migración, desplazamiento forzado, condición de calle, discapacidad u otra circunstancia especial de vulnerabilidad.
La legislación también contempla como conducta equiparable al reclutamiento cuando se realice contra una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, aplicándose las mismas penas y agravantes.
Las modificaciones forman parte de cuatro iniciativas presentadas por separado por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y PRI, así como por la diputada Arely Berenice Ruiz López, de Morena.
Con la aprobación del dictamen, Sinaloa incorpora una figura penal específica para sancionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos, además de establecer obligaciones para las autoridades en materia de prevención y atención a las víctimas.
