A dos meses de la jornada electoral celebrada el pasado 06 de junio, el INE por mandato constitucional convocó a las y los mexicanos a participar en la primera Consulta Popular realizada de manera legal en nuestro país. Sin duda, un hecho histórico que permitió a la ciudadanía ejercer su derecho a opinar sobre un tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró de trascendencia nacional.
Cabe señalar que a nivel mundial es común esta práctica democrática. Países como Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Suiza, Alemania, entre otros, contemplan esta figura para consultar temas de interés público que son vinculantes, es decir, que tienen efectos legales. Además contemplan otros mecanismos como los plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas, por mencionar algunos.
Pese a que las consultas populares se instauraron en nuestra Carta Magna desde 2012 y están reguladas por la Ley Federal de Consultas Populares desde 2014, es la primera vez que se llevan a la práctica en nuestro país, con la formalidad y legalidad requerida. El tema de la consulta a generado polémica y diversas opiniones a favor y en contra debido a los procedimientos, tiempos y formas en que se realizó, y a los resultados obtenidos, sin embargo, no deja de ser en nuestro país un ejercicio inédito y novedoso en cuanto a democracia participativa.
Consideró que estas acciones pueden dar pauta a sucesivas consultas de temas importantes que requieren la participación de las y los mexicanos. Además, por consiguiente, los procedimientos para la aplicación de estos instrumentos se irán afinando por parte de las autoridades responsables a fin de brindar a la ciudadanía confianza, certeza y sobretodo un resultado legal, donde motive, empodere y trascienda la opinión pública a través de estos ejercicios
