La senadora por Sinaloa respaldó la reforma constitucional que exige nacionalidad mexicana exclusiva para la Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Ciudad de México.— La senadora por Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, respaldó la reforma constitucional en materia de nacionalidad única para quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y locales, al considerar que quienes ocupen estos cargos deben mantener un vínculo jurídico exclusivamente con México.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad. En caso de contar con una nacionalidad adicional, deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura.
Chiquete señaló que las personas que encabezan los poderes ejecutivos toman decisiones relacionadas con la soberanía y los intereses nacionales, por lo que consideró relevante establecer un vínculo jurídico exclusivamente con México.
“Quienes encabezan el Poder Ejecutivo toman decisiones que involucran la soberanía y los intereses de nuestro país. Por la responsabilidad que representan estos cargos, consideramos importante que exista un vínculo jurídico únicamente con México.”
La legisladora aclaró que la modificación no elimina ni prohíbe la doble nacionalidad para las y los mexicanos en general, sino que establece un requisito específico para quienes aspiren a ocupar los tres cargos ejecutivos contemplados en la reforma.
“Tener doble nacionalidad no hace a nadie menos mexicano ni pone en duda su identidad o su amor por nuestro país. Esta reforma se refiere exclusivamente a la responsabilidad particular de encabezar un Poder Ejecutivo y a garantizar que, en el ejercicio de esa función, no exista otro vínculo jurídico nacional.”
Además de la renuncia a otra nacionalidad como requisito para el registro, el nuevo régimen establece que durante el ejercicio del cargo no podrán adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a la protección diplomática de otro país.
La Cámara de Diputados había aprobado previamente la reforma y la turnó al Senado. Posteriormente, el Senado aprobó el proyecto con 86 votos a favor y 42 en contra.
El nuevo requisito será aplicable a partir del proceso electoral de 2028, de acuerdo con el régimen transitorio de la reforma. También deberán realizarse adecuaciones a la legislación federal y local para armonizar las disposiciones relacionadas con su aplicación.
