Las propuestas plantean reformas en materia de acceso a internet en escuelas, acompañamiento para pacientes con enfermedades graves, protección de menores ante procedimientos estéticos, apoyo a artesanos y exenciones para regularizar la tenencia de la tierra.
Culiacán, Sinaloa.— La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura este jueves a seis nuevas iniciativas que plantean modificaciones a distintos ordenamientos estatales en temas de salud, educación, actividad artesanal y regularización de la propiedad.
Entre las propuestas destacan dos proyectos que coinciden en establecer restricciones para la realización de procedimientos de cirugía plástica o estética con fines exclusivamente cosméticos en niñas, niños y adolescentes.
Una de las iniciativas fue presentada por la diputada de Morena Nancy Yadira Santiago Marcos, quien propone modificar el artículo 91 de la Constitución Política del Estado para ampliar las disposiciones relacionadas con el acceso de estudiantes de escuelas públicas a internet y tecnologías de la información.
La propuesta busca incorporar también los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, dentro de las condiciones que el Estado debe garantizar en los planteles educativos.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa para incorporar a la Ley de Salud del Estado un título denominado “Acompañamiento integral de pacientes y familiares tras diagnóstico de enfermedades graves”.
El proyecto contempla establecer derechos para las personas que reciban un diagnóstico de este tipo, entre ellos recibir información clara y privada, acompañamiento psicológico, asesoría social gratuita, orientación sobre alternativas terapéuticas y la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. También plantea la figura del coordinador hospitalario.
En materia cultural y económica, el diputado de Morena Kristiam Alexis Espinoza García propuso reformas a la Ley para el Fomento a la Actividad Artesanal del Estado de Sinaloa, con el objetivo de fortalecer la protección y promoción de los artesanos y reconocer su actividad como parte del patrimonio cultural vivo.
La iniciativa contempla además la creación de un Fondo de Fomento Artesanal, que sería administrado por la Secretaría de Economía mediante un Comité Técnico. Los recursos podrían destinarse a materia prima, herramientas, proyectos productivos, preservación de técnicas tradicionales, créditos y campañas de promoción de productos artesanales sinaloenses.
En el ámbito de la salud, el Grupo Parlamentario del PAS, junto con Rosa Emma Contreras Villapudua y Paula Liliana Díaz Quiñónez, presentó una propuesta para prohibir procedimientos de cirugía estética electiva y rellenos cosméticos con fines estéticos en menores de 18 años.
El proyecto contempla excepciones para intervenciones reconstructivas o funcionales derivadas de malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades u otras condiciones que afecten la salud o la función corporal, siempre que se cumplan las salvaguardas previstas.
De manera paralela, el diputado de Morena Guadalupe Santana Palma León planteó incorporar un capítulo específico a la Ley de Salud estatal para regular los procedimientos de cirugía plástica o estética en niñas, niños y adolescentes.
La propuesta establece que este tipo de intervenciones únicamente podrán realizarse cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley General de Salud, la legislación estatal y las Normas Oficiales Mexicanas. También contempla excepciones para procedimientos reconstructivos, urgencias médicas y otros casos autorizados por la autoridad sanitaria por razones estrictamente médicas.
Finalmente, integrantes de la Comisión de Vivienda propusieron reformas a la Ley de Hacienda y a la Ley de Hacienda Municipal para exentar del pago de derechos determinados trámites relacionados con programas de regularización de la tenencia de la tierra.
El objetivo de esta última propuesta es facilitar los registros catastrales y adquisiciones de inmuebles vinculados con programas de regularización, tanto para instituciones públicas como para las personas beneficiarias, con el propósito de contribuir a la formalización de su patrimonio y brindarles certeza jurídica.
