El plan propone modificar la operación de la planta de amoniaco, reforzar la protección ambiental y suspender dos proyectos industriales adicionales mientras se alcanza un acuerdo con las comunidades.
Los Mochis, Sinaloa.- El Gobierno de México presentó un plan integral para atender el conflicto generado por el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, el cual propone modificar aspectos clave del desarrollo industrial, fortalecer la protección ambiental y establecer mecanismos permanentes de participación ciudadana, como parte del proceso de diálogo que mantiene con las comunidades de Topolobampo, Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas.
Durante la presentación del proyecto, el representante del Gobierno de México, Mauricio Rodríguez Alonso, explicó que la propuesta es resultado de las mesas de diálogo instaladas desde junio por instrucción de la Presidencia de la República y busca atender un conflicto que se ha prolongado por más de doce años.
«El plan no es de autoría del Gobierno; es el resultado del proceso de diálogo entre las comunidades, la empresa y las instituciones. Se construyó para atender integralmente los factores ambientales, sociales, económicos, de protección civil y de derechos humanos que han estado en el centro del conflicto durante más de una década», señaló.
Uno de los cambios más relevantes contempla modificar el esquema original de operación de la planta de amoniaco. La propuesta establece que la toma de agua dejará de realizarse en la Bahía de Ohuira y se efectuará a través del canal de desfogue de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que la descarga será reubicada fuera de la bahía, con el propósito de reducir el impacto sobre el ecosistema.
Asimismo, el plan plantea la creación de un Comité Comunitario de Vigilancia, integrado por representantes de las comunidades, especialistas ambientales, instituciones académicas y autoridades de los tres niveles de gobierno, el cual supervisará el cumplimiento de las condicionantes ambientales impuestas al proyecto y participará en la verificación permanente de las acciones.
Entre las medidas también se contempla instalar un sistema de monitoreo ambiental las 24 horas, desarrollar un programa integral de restauración de flora y fauna, implementar acciones de saneamiento de la bahía, restaurar áreas de manglar y establecer programas para la conservación de especies.
Otro de los compromisos anunciados es que la empresa suspenda el desarrollo de las dos plantas adicionales originalmente proyectadas —metanol y urea—, así como la terminal portuaria, mientras no exista un acuerdo con las comunidades involucradas.
«La empresa ya manifestó su disposición para asumir estos compromisos y el colectivo informó que analizará el contenido del plan y lo socializará con las comunidades antes de emitir una posición definitiva», indicó Rodríguez Alonso.
Además del componente ambiental, el proyecto incorpora acciones en materia de protección civil, infraestructura, vivienda, agua potable, drenaje, apoyo a pescadores y productores agrícolas, así como programas para fortalecer los servicios públicos en las comunidades de la región.
Como parte del seguimiento, el Gobierno de México propone instalar una Oficina de Seguimiento del Plan en la zona, realizar evaluaciones públicas mensuales sobre el cumplimiento de los compromisos y establecer un fideicomiso con participación comunitaria para la administración transparente de los recursos destinados al desarrollo regional.
Finalmente, Rodríguez Alonso señaló que el siguiente paso será que las comunidades y la empresa definan si aceptan la propuesta para posteriormente formalizar los compromisos e iniciar su implementación.
