El dictamen plantea incrementar las sanciones por amenazas y hostigamiento mediante la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, además de castigar con mayor severidad el fraude informático y la divulgación ilegal de evidencias por parte de servidores públicos.
Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado dio primera lectura a un dictamen que plantea endurecer las penas para diversos delitos, entre ellos amenazas, hostigamiento, fraude informático y la difusión indebida de imágenes, audios, videos o evidencias por parte de servidores públicos.
La propuesta contempla reformas y adiciones al Código Penal de Sinaloa para incrementar las sanciones en conductas relacionadas con la violencia digital, los delitos informáticos y las violaciones al debido proceso.
Uno de los cambios establece un aumento de hasta la mitad de la pena cuando las amenazas o el hostigamiento incluyan la difusión, publicación o intercambio de imágenes, audios o videos de una persona sin su consentimiento, ya sea a través de redes sociales, correo electrónico, mensajes telefónicos o cualquier medio tecnológico.
En materia de delitos informáticos, el dictamen propone elevar las penas de seis meses a dos años de prisión, a un rango de uno a cuatro años, además de incorporar una nueva modalidad para sancionar a quienes, mediante engaños y haciéndose pasar por empleados de instituciones financieras o dependencias públicas, induzcan a las víctimas a instalar aplicaciones para obtener información personal o financiera o realizar transacciones ilícitas.
La iniciativa también amplía el alcance del delito de falsificación documental para incluir documentos electrónicos, además de crear un nuevo tipo penal que castigará a los servidores públicos que difundan de manera indebida imágenes, videos, audios, documentos o evidencias relacionadas con investigaciones penales.
Las sanciones propuestas para este último delito van de uno a cinco años de prisión, aunque aumentan cuando se trate de imágenes de cadáveres y alcanzan hasta ocho años de cárcel cuando las víctimas sean mujeres, niñas o adolescentes.
El dictamen retoma propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense (PAS), tanto de la actual Legislatura como de la 63 Legislatura, además de una iniciativa ciudadana.
