Legisladores fijaron posicionamientos sobre la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con posturas a favor de la austeridad y críticas por posibles riesgos al federalismo.
Durante sesión ordinaria, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa debatieron la minuta de reforma constitucional en materia político-electoral enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual propone modificaciones a la Constitución federal.
En el marco del análisis legislativo, la diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que la reforma responde a una demanda social de reducir privilegios en la clase política y redirigir los recursos públicos hacia obras que mejoren la calidad de vida de la población.
Destacó que la propuesta impulsa la austeridad republicana como principio rector del servicio público y fortalece la igualdad sustantiva mediante la consolidación de la paridad de género en los espacios de representación.
En el mismo sentido, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, también de Morena, consideró que se trata de una reforma relevante que busca ordenar el ejercicio del poder, eliminar gastos excesivos y fortalecer la eficiencia institucional. Añadió que contempla medidas de disciplina financiera y establece que los ahorros generados se destinen a infraestructura y bienestar social.
Por otra parte, el diputado Jorge Antonio González Flores manifestó reservas al advertir que la implementación de la reforma podría implicar riesgos para el equilibrio entre poderes y el federalismo, por lo que planteó la necesidad de ampliar el análisis y el diálogo.
En tanto, la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela subrayó que las reformas electorales deben atender retos estructurales como la seguridad en los procesos electorales y la equidad en la competencia, al tiempo que insistió en la importancia de garantizar instituciones sólidas y confianza ciudadana.
Durante la discusión, las y los legisladores coincidieron en la relevancia de analizar a fondo las reformas constitucionales y continuar fortaleciendo el marco legal para responder a las exigencias sociales, en un contexto marcado por posturas diversas sobre el alcance de los cambios propuestos.
