María Teresa Guerra Ochoa señala que habrá mayor supervisión, sanciones y coordinación con el sector salud
Los Mochis, Sinaloa.- El Congreso del Estado de Sinaloa trabaja en una iniciativa para fortalecer la regulación y supervisión de los centros de rehabilitación contra las adicciones, luego de detectarse casos de abusos y presuntas irregularidades en algunos establecimientos.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, explicó que la intención es garantizar un mejor funcionamiento de estos espacios mediante mayor observancia, control y vigilancia.
“Lo que se tiene trabajado ya es un mejor funcionamiento de los centros, más observancia, más control, porque algunos empezaron a crecer; fueron iniciativas ciudadanas que se ven muy bien. Algunas personas que estuvieron en procesos de rehabilitación replicaban políticas para abrazar a otras personas en la misma condición. Sin embargo, el hecho de que no hubiese suficiente control y que la regulación fuera laxa dio lugar a que en ocasiones se abusara de la vulnerabilidad de algunas personas”, manifestó.
La legisladora reconoció que existieron hechos “claros y contundentes” que evidenciaron posibles irregularidades, incluso la presunta coacción a jóvenes en proceso de rehabilitación para involucrarse en actividades delictivas.
Ante este panorama, indicó que se elaboró una iniciativa en coordinación con el sector salud, responsable de atender la rehabilitación de adicciones en la entidad.
“Precisamente para ello se elaboró una iniciativa, se trabajó en coordinación con el sector salud, que es el que tiene, este, la responsabilidad y el y el consejo que atiende este tema de la rehabilitación de adicciones, pero estamos esperando, porque a nivel federal ha habido cambios, se está trabajando temas de rehabilitación junto con el tema de salud mental”, apuntó
La legisladora señaló que entre las medidas contempladas en la iniciativa se encuentran la realización de supervisiones más frecuentes, el fortalecimiento de la vigilancia institucional, la aplicación de sanciones en caso de detectarse irregularidades y la mejora en las condiciones operativas de los centros de rehabilitación.
La intención, explicó la legisladora, es establecer controles más estrictos que permitan garantizar la integridad y el respeto a los derechos de las personas en proceso de recuperación.
Guerra Ochoa también reconoció que, además del fortalecimiento normativo, persiste la necesidad de destinar mayor inversión a estos espacios, a fin de que puedan operar con estándares adecuados y brindar atención digna y segura.
No obstante, explicó que el dictamen no será aprobado de inmediato, ya que a nivel federal se han registrado modificaciones en materia de rehabilitación y salud mental, por lo que el Congreso local busca armonizar la legislación estatal.
