Turna Diputación Permanente a comisiones iniciativas leídas

Las iniciativas registraron su primera lectura en la sesión y posteriormente diputadas y diputados propusieron la dispensa de la segunda y fueron turnadas a comisiones.

Del total de iniciativas leídas, dos son autoría del diputado José Antonio Crespo López, del Grupo Parlamentario de Morena, y en una es respaldado por el ciudadano Mario Araujo Diarte.

En esta iniciativa conjunta proponen reformar las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII, IX, X y XI al artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.

El objeto es establecer nuevas facultades y obligaciones a los regidores, como inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, cubrir diariamente sus actividades laborales de atención a la ciudadanía en sus oficinas correspondientes, cumplir con la gestoría social correspondiente a su municipio; entre otras.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En la segunda iniciativa, el diputado José Antonio Crespo propone reformar los artículos 160, 161, 162, 173 Bis y 185, y adicionar el artículo 169 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

El objeto es aplicar sanciones a quienes incurran en omisión del cuidado de personas incapaces de valerse por sí mismas, a quienes no auxilien a quien o quienes haya atropellado, a quienes sustraigan o retengan a una persona para realizar algún acto sexual o satisfacer un acto erótico y a quienes realicen ilegítimamente una cobranza o a través de medios ilícitos.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia.

Una de las iniciativas leídas es autoría del diputado Apolinar García Carrera, del Grupo Parlamentario de Morena, quien propone adicionar la fracción XIII Bis A al artículo 45 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.

El objeto es prevenir trastornos psicológicos y el desarrollo de comportamientos violentos entre niños y adolescentes, a través de prohibir la venta de juguetes bélicos.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Equidad, Género y Familia.

Cuatro de las iniciativas leídas son autoría de la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del PAS, y del ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño.

En una proponen reformar el artículo 101, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con el objeto de armonizar su contenido con los criterios establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información sobre la clasificación de la información confidencial y reservada.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Pública.

En otra iniciativa proponen adicionar la fracción XIV al artículo 4 Bis A, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa fin de reconocer el derecho a la protesta social como parte de los Derechos Humanos en la entidad

Se puntualiza que la protesta social es un derecho individual y colectivo, que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros, y que queda prohibida la criminalización de la protesta social y la manifestación pública.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En su tercera iniciativa proponen reformar la fracción XLI del artículo 43, y se adiciona la fracción XLII al artículo 43, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El objeto es facultar al Congreso del Estado para que llame a comparecer a todo servidor público de los poderes Ejecutivo, Judicial, de los órganos a los que esta Constitución les reconoce autonomía, así como de los Ayuntamientos, cuando el asunto que se trate sea de interés para la sociedad de la entidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En su última iniciativa, la diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño proponen reformar el primer párrafo del artículo 246, de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.

El objeto es establecer que sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y estará obligada a reparar los daños causados, entre los que se podrán incluir los daños punitivos, de conformidad con la legislación civil aplicable.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable.

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